La utilidad del enfoque eco-sistémico (I)
La utilidad del enfoque eco-sistémico y el trabajo en redes para la prevención y el tratamiento de las consecuencias de los malos tratos infantiles.
El desafío para cualquier programa que pretenda dar una respuesta integral al sufrimiento de los/as niños/as maltratados deberá optar por el desarrollo de prácticas de redes que movilicen el conjunto de recursos institucionales, profesionales y familiares existentes.
Todo esto para desarrollar acciones que contrarresten los efectos de la violencia en las víctimas, introduzcan la ley y el respeto de los derechos en la familia y permitan la rehabilitación de los agresores.
El enfoque ecosistémico de un fenómeno complejo, como es el caso de los malos tratos a los/as niños/as y su intervención a través de prácticas de redes, nos planteó el desafío de encontrar un procedimiento de intervención que asegurara, no solamente una coherencia en una atención no violenta de las familias que provocan maltrato, sino que además protegiera a los/as profesionales del riesgo del síndrome de agotamiento profesional (Burnout), que los autores españoles llaman el síndrome del Queme (Masson O.1990. Arruabarrena M. I. 1995).
Esto explica que una parte importante de nuestros esfuerzos se hayan destinado también a elaborar procedimientos que permitan a los diferentes profesionales, implicados en el tema de maltrato, funcionar en redes que sean auto-protectoras. Tan importante es proteger a los/as niños/as como a las personas que ayudan a mejorar la protección de estos niños. Los sistemas institucionales deberían tener siempre presente que el recurso fundamental de la prevención y el tratamiento del maltrato infantil es la persona del profesional; por lo tanto, todo lo que se pueda hacer para cuidarle es una forma directa de ayudar a la infancia. Un profesional de la infancia que se quema significa no solamente una pérdida importante en términos del costo económico que implica su formación y experiencia, sino sobre todo una pérdida de años de experiencia y competencia, garantía de una intervención adecuada en casos de maltrato. La intervención en estos casos implica siempre situaciones conflictivas para los/as profesionales, en la medida que estos deben introducirse de una manera más o menos agresiva en la vida de una familia, cuestionando sus representaciones, sus mapas del mundo, la manera en que ellos resuelven sus conflictos, satisfacen sus necesidades, cuidan y educan a sus niños.
La intervención social, judicial y terapéutica puede y debe ser agresiva, pero nunca violenta. Los/as profesionales comprometidos con la protección infantil deben tener una ética que les permita actuar con mucha firmeza y eficiencia para asegurar la vida y el bienestar de los/as niños/as, evitando de todas las formas posibles que esta fuerza agresiva, necesaria para realizar la tarea, se transforme en una fuerza destructiva o violenta.
Basándonos en nuestra experiencia, afirmamos que para poder trabajar en este campo los/as profesionales deben manejar la agresividad de una forma ritualizada, es decir, controlada para ponerla al servicio de la defensa de las necesidades y derechos de los/as niños/as. Los procedimientos de intervención que proponemos en casos de maltrato, es una forma de coordinar y movilizar los recursos existentes en una red de profesionales, permitiendo la ritualización. En nuestra práctica, la organización de redes de profesionales a partir de una instancia que cumpla el rol de facilitador y coordinador de los recursos humanos - metasistema- ha sido y es uno de los medios y objetivos principales de toda nuestra acción terapéutica y preventiva.
La organización en red de los sistemas profesionales.
La práctica médico psicosocial nos confronta no solamente al manejo de problemas complejos, sino también a la gestión de una cantidad enorme de personas e instituciones deseosas de ofrecer soluciones a veces discordantes a estos problemas.
Así, por ejemplo, en las situaciones de maltrato infantil muchas veces la falta de organización y de concertación de los diferentes niveles institucionales implicados en la propuesta de una solución, complica o agrava la situación de violencia del menor. Esto nos lleva a decir que, a veces veces, la solución propuesta de este modo es peor que el problema. Por lo tanto, uno de los desafíos de cualquier programa de este tipo es facilitar un proceso de organización de los diferentes niveles institucionales y de recursos profesionales que asegure la creatividad y la competencia de cada una de estas instancias. Esto ha de hacerse a través del respeto a las diferentes misiones de cada nivel, creando así una dinámica colectiva que, sumando los recursos y las competencias, aporten lo mejor a cada niño y a su familia. Se trata de que cada uno se sitúe en un conjunto de manera que a través de un compromiso solidario y concertado, se garantice el intercambio de información y la creatividad de todos los participantes de una red.
El elemento fundamental que debe animar estos procesos colectivos es la acción basada en la creatividad individual asociada a una dinámica colectiva. Hay que cambiar la idea de que cada profesional tiene una parte del trabajo, por la noción de todos juntos participando colectivamente en la co-construcción de un modelo que permita una mejor utilización de recursos y competencias. Todo intento de organizar una red de profesionales tiene ya un impacto preventivo sobre la violencia, en la medida en que esta organización permite la emergencia de rituales entre los diferentes profesionales contribuyendo a mejorar la gestión de su propia implicación emocional y del estrés provocado por el contenido de las situaciones de maltrato y por ende previniendo la violencia institucional (Barudy, J. y col., 1991).
Un modelo integral de intervención socio-judicial y de terapia.
La prevención y la terapia de los malos tratos deben ser comprendidas como un conjunto de acciones que se estructuran como un proceso donde se trata de influenciar en las dinámicas violentas en tres momentos diferentes de su evolución:
Un programa puede comenzar ya sea por: acciones de prevención primaria, es decir, actuar sobre las causas que generan el maltrato; acciones de prevención secundaria, a través de la detección y tratamiento precoz de casos de maltrato; o por acciones de prevención terciaria, o sea, reducir la proporción y la gravedad de las secuelas.
Uno de los objetivos estratégicos de un modelo integral de intervención es detener o influenciar de una forma positiva en lo que hemos llamado "el círculo vicioso" de la transmisión familiar y transgeneracional, sin olvidar los factores del medio ambiente que facilitan esta transmisión. En una perspectiva sistémica, los cuidados dados al niño maltratado tendrán un impacto preventivo en la medida que la acción terapéutica evite que éste se transforme en un padre o una madre maltratadora o negligente.
Un modelo integral tiende también a que los padres, ayudados por los cambios intrafamiliares producidos por los programas terapéuticos, acepten participar en dinámicas asociativas de autoayuda para colaborar de esta manera en la sensibilización de otros padres a partir de sus propias experiencias sobre factores de riesgo y métodos alternativos a la violencia intrafamiliar. La idea fundamental de un Programa Integral es que el bienestar infantil o la "felicidad de un niño" no es nunca un regalo, sino una tarea siempre incompleta, nunca perfecta ni definitiva, que es mucho más que un proceso puramente individual y familiar; debe ser el resultado de la acción de toda una comunidad. Es por eso que en nuestro enfoque, la erradicación del maltrato infantil tiene que proyectarse dentro de una perspectiva comunitaria, refiriéndose a la noción de comunidad como la de un sector geográfico o la del barrio, cuya definición equivale a lo que algunos autores llaman el "mesosistema", o sistema intermediario, es decir, el espacio de vida de las familias donde se articula la vida privada y la vida social. Así, por ejemplo, el barrio corresponde como medio a este "mesosistema", en el cual se desarrolla la vida cotidiana de un grupo de personas en estrecha relación con diferentes instituciones que, interactuando con estas familias e influenciándose mutuamente, tienen como misión promover el bienestar y la salud del conjunto.
Las instituciones comunitarias que abarca nuestro modelo corresponden a los siguientes ámbitos:
1.- Atención médico- psico-social
2.- Ámbito escolar
3.- Las instituciones responsables de garantizar la protección infantil, ya sea los servicios sociales de protección y/o los sistemas judiciales
Se trata de movilizar los recursos de salud, educación y justicia señalando que cada una de ellos tiene tareas específicas, pero organizadas alrededor de una finalidad común: asegurar el bienestar de los/as niños/as y el respeto a la vida, desarrollando estrategias conjuntas para prevenir y tratar el maltrato infantil.
Esta idea de comunidad se amplía cuando se consideran las minorías culturales presentes en una sociedad. En este sentido, se debe hablar también de comunidad, pero en este caso refiriéndose a los vínculos culturales particulares que cohesionan a los miembros de un grupo que pertenecen a un sistema cultural singular.
Estos conjuntos de personas organizados en una comunidad que se influencian mutuamente, ya sea por el hecho de cohabitar en un espacio geográfico (un barrio) y/o porque tienen vínculos culturales (una comunidad cultural) o por ambos, tienen recursos y problemas comunes alrededor de los cuales es posible facilitar dinámicas donde las personas implicadas tomen conciencia de estas dificultades, de sus causas y sus potencialidades para asumir las posibilidades de cambio. La organización de un tejido social en torno a una tarea colectiva constituye una red social, a diferencia de una comunidad en torno a la red social que existe solamente en una forma latente. Su concreción como realidad operacional depende de la capacidad de un núcleo de personas o de instituciones que sean capaces de movilizar y organizar la comunidad alrededor de acciones destinadas a prevenir o tratar un problema.
Un modelo piramidal de organización de una comunidad
Hemos concebido en el desarrollo de un Programa de Prevención y Tratamiento de Maltrato la posibilidad de organizar múltiples redes que corresponden a diferentes niveles de intervención. Los niveles propuestos en nuestro modelo se organizan en una pirámide (Marconi J., 1971) que representa las diferencias jerárquicas en relación a las finalidades, mandatos y tareas de los/as profesionales que pertenecen a cada uno de estos niveles. Estos se integran en un modelo global, como modo de asegurar interacciones complementarias que respeten las competencias de cada uno.
La organización jerárquica se establece a partir del nivel 1 que corresponde al de mayor especialización, hasta el nivel 5 que es el menos especializado en la gestión de casos de maltrato. La organización de cada nivel se realiza a partir de lo que llamaremos "los objetivos operacionales mínimos", es decir, acciones simples, pero que tienen un impacto facilitador de cambios de las situaciones de maltrato.
Organización de las diferentes tareas según cada nivel:
Nivel 1: Equipo especializado o meta-sistema coordinador que corresponde en Bélgica al Equipo S.O.S. Enfants-Famille, encargado de la formación y coordinación de los niveles 2 y 3, con el fin de movilizar los recursos profesionales de esos niveles para la gestión de situaciones de maltrato y acciones preventivas. El equipo especializado tiene como misión específica, la validación y el tratamiento de las consecuencias del maltrato en sus diferentes formas, ya sea en sus aspectos médicos, psicológicos, relacionales y sociales, que por su complejidad y gravedad no puedan ser tratados en otros niveles. Por su grado de especialización, este nivel tiene además la responsabilidad de desarrollar investigaciones sobre las causas y consecuencias de los diferentes tipos de maltrato, así como sobre la eficacia de los modelos de tratamiento y prevención.
Nivel 2: Corresponde a la red de profesionales de servicios pediátricos, de salud mental, medicina y psicología escolar. Tienen la responsabilidad de movilizar y organizar los recursos de los niveles 3 y 4. Los/as profesionales de este nivel participan activamente en la validación de las diferentes situaciones de maltrato que se presentan en su medio, así como en la organización de los programas terapéuticos destinados al niño y su familia. Además, los/as profesionales de este nivel intentarán desarrollar actividades preventivas, utilizando los recursos existentes en su área. Es importante que se utilicen estos ámbitos para ofrecer protección al niño o desarrollar acciones dirigidas para movilizar los recursos sociales y judiciales, con el propósito de asegurar la protección del menor una vez realizada la validación del maltrato.
Nivel 3: Este nivel, que corresponde al nivel de la atención primaria, los/as profesionales tales como profesionales de la salud, de educación, agentes de socialización y control social, es decir, policías, sacerdotes, etc., les corresponde fundamentalmente la tarea de detección precoz de situaciones de maltrato, al mismo tiempo que orientar e invitar a los padres, implicados en situaciones de violencia intrafamiliar, a consultar a profesionales del nivel 2, o si la gravedad y la complejidad del problema así lo requiere, a los equipos especializados. Los/as profesionales de este nivel desarrollan además acciones educativas destinadas a las familias y sobre todo a los futuros padres, además de localizar y formar a las personas y los recursos de una comunidad para organizar el nivel 4 de la estructura piramidal.
Nivel 4: Compuesto por los que llamaremos “los líderes formales de una comunidad” (las organizaciones de padres, así como dirigentes o personas significativas de los organismos sociales). Tienen la tarea de sensibilizar al conjunto de la comunidad a través de campañas educativas y organización de grupos de reflexión, relacionados por la prevención de la violencia intrafamiliar.
Todos los miembros de este nivel participan de la comprensión ecosistémica del fenómeno del maltrato, motivando y orientando a las familias que presentan situaciones de riesgo para sus niños, hacia un equipo terapéutico, es decir, hacia los/as profesionales organizados en los niveles 2 y 1. Al mismo tiempo, los miembros de este nivel apoyan y facilitan experiencias de autoayuda destinadas a los padres.
Nivel 5: Por último, este nivel corresponde a la comunidad organizada y sensibilizada a través de las diferentes acciones desarrolladas por el nivel 4. Le compete ser difusora de información sobre los recursos existentes para atender a las familias. Además, los miembros de la comunidad se comprometen y trasmiten la información a otras familias sobre las consecuencias nefastas de la utilización de la violencia sobre el niño, tanto a nivel físico, psicológico como sexual, difundiendo además la información psicopedagógica transmitida por el nivel 4, que previene la utilización de la violencia sobre los/as niños/as. Esto, proporcionando contenidos para una mejor comprensión de los elementos que componen la relación adulto- niño, y para un control educativo de las situaciones y comportamientos de los/as niños/as que son vividos por los padres.
El programa de intervención socio -jurídico y terapéutico
Nuestro Programa de Intervención está basado sobre dos postulados que emergen fundamentalmente de una reflexión ética. El primero es que nadie, cualquiera que sea su circunstancia, por muy dramática que haya sido su historia social y familiar, tiene el derecho de utilizar, maltratar, abusar, o descuidar a un niño. En consecuencia, el primer deber de todo profesional y de todo ciudadano es actuar para restaurar el respeto a todo ser vivo, especialmente el respeto a todos los seres humanos, particularmente a los/as niños/as. El segundo postulado es que "el bienestar del niño" no es nunca un regalo o el efecto de la buena o mala suerte; al contrario, el bienestar infantil es una producción humana, esfuerzo del conjunto de una sociedad.
La estrategia terapéutica será diferente si el maltrato es producido por una familia suficientemente sana, que sobrecargada por una situación de crisis se encuentra en la incapacidad de manejar la agresividad dentro del sistema, provocando comportamientos de maltrato que afectan a los/as niños/as, o si se trata de un sistema familiar que produce maltrato infantil de una forma crónica y a menudo transgeneracional, donde éste es precisamente la expresión de una ausencia de crisis evolutiva en el desarrollo histórico de estas familias.
La intervención terapéutica en casos de crisis
Cuando la familia produce comportamientos de maltrato como consecuencia de una situación de crisis, o se torna inestable a causa de ella, produciendo una agresión física o psicológica a uno de sus niños, la red terapéutica tendrá como finalidad ayudar a la familia a controlar los componentes de la crisis, movilizando los recursos familiares y del entorno social para ayudar a la familia a encontrar un nuevo equilibrio. Aquí se trata, por lo tanto, de ofrecer una terapia a la situación de crisis. La recuperación terapéutica de la familia comienza cuando ésta encuentra en su entorno la solidaridad y los recursos necesarios para equilibrarse nuevamente. En esta situación, los padres son conscientes de estar sobrecargados por una serie de tensiones y de estrés, y son capaces de reconocer su violencia. Cuando se trata de una agresión extra-familiar por ejemplo, cuando el niño o los/as niños/as han sido agredidos por un agresor sexual extra-familiar los padres se muestran sensibles al sufrimiento y se identifican con el niño víctima. Por lo tanto, en este caso los adultos están o se presentan deseosos de ser ayudados y muchas veces son ellos mismos los que piden ayuda a los diferentes servicios existentes. A pesar de sus comportamientos violentos, han mantenido su dignidad y pueden diferenciar entre sus comportamientos habituales y aquellos provocados por el desbordamiento como consecuencia de la crisis.
Antes de provocar un funcionamiento maltratador, estas familias funcionaban como familias suficientemente sanas, poseedoras de una organización armoniosa asociada con imágenes positivas que los diferentes miembros de las familias habían podido construir a través de su historia. Esto es lo que permite a los padres tener acceso a una autocrítica en relación a su gesto, dando a los/as niños/as la posibilidad de expresar su sufrimiento y de manifestar un rechazo a la situación de maltrato de la que son víctimas. Con un apoyo exterior, es posible provocar los cambios necesarios para que se establezca otro modo de comunicación, haciendo desaparecer el riesgo de comportamientos de maltrato.
Cualquier familia suficientemente sana puede presentar comportamientos maltratadores en situaciones de acumulación de tensión y estrés que sobrepasan su capacidad para enfrentar y regular la agresividad provocada por estos factores. Los comportamientos maltratadores son generalmente físicos, a veces tensión emocional y manifestaciones de descuidos temporales, pero nunca de abuso sexual. El abuso sexual es siempre producto de una fenomenología crónicamente maltratadora.
La intervención socio-judicial y terapéutica de las dictaduras familiares
El segundo grupo de familias corresponde a lo que hemos llamado las “familias crónicamente maltratadoras” o “transgeneracionalmente maltratadoras”, en las cuales los procesos de maltrato juegan un rol homeostático porque mantienen "una cultura familiar" que se transmite de generación en generación. La violencia intrafamiliar es aquí la consecuencia de una ausencia de posibilidades de cambio, un modelo de funcionamiento repetitivo de una estructura familiar a menudo rígida y petrificada. En estos casos, las posibilidades terapéuticas comienzan por la producción de una crisis generada por una intervención que proviene del ámbito socio judicial. Nuestra experiencia con este tipo de familias nos ha enseñado a valorar la utilidad de la crisis social como instrumento terapéutico. Se trata aquí de desequilibrar el orden familiar violento desde lo social, pero al mismo tiempo ofrecer un encuadre terapéutico favorable a la familia, para permitirle que evolucione hacia un nuevo estado de funcionamiento no violento. (Barudy, J., 1991).
A diferencia de este grupo familiar con el anterior, los padres no tienen ninguna conciencia del carácter abusivo de sus comportamientos, considerándolos como normales y legítimos, por lo tanto, no tienen ninguna demanda de ayuda y son refractarios a cualquier tipo de intervención. En este sentido, el primer desafío que presentan estas familias es el de tener que ayudarles en una situación paradojal creada por la "coacción" social y/o judicial. Por otra parte, uno de los requisitos para una alianza terapéutica entre los miembros de la familia, particularmente los padres y los terapeutas, es la confidencialidad. Para enfrentar esta situación y asegurar la protección de los/as niños/as por una parte y ofrecer una ayuda terapéutica coherente, nuestro modelo separa en dos fases y momentos la intervención terapéutica: (Barudy, J., 1994).
a) La intervención social terapéutica
b) La terapia con la familia
Cuando este proceso es coordinado a partir del ámbito terapéutico, conviene que sea conducidos por equipos de profesionales diferentes que corresponden a los niveles 1 y 2 del modelo de organización piramidal. Por ejemplo una diadas psico-sociales formadas por un(a) psicólogo y un (a) trabajador social. Esta diada es designada por la red, o por el equipo especializado, en concertación con los recursos profesionales del nivel 2 y a veces del nivel 3.
Una diada se encarga de conducir la intervención socio-judicial de la familia, y otra diferente ofrecerá mas tarde un encuadre psicoterapéutico si existen las condiciones para hacerlo.
El vínculo entre estos dos momentos está constituido por lo que llamaremos “el ritual de derivación”, que corresponde al momento en que el equipo que intervino la familia, la deriva al equipo terapéutico en una sesión en presencia del todo el mundo.
Es importante además que los diferentes profesionales que conocen a la familia y que constituyen a menudo una parte del entorno social de esta, sean contactados o movilizados por los/as profesionales encargados de la intervención social terapéutica, para un intercambio permanente con ellos coordinando las informaciones y los recursos de ayuda existentes en estos niveles.
La red debería siempre contar con un equipo que hemos llamado de "Servicios Generales", para apoyar los equipos de intervención. Este Servicio esta formado por un psiquiatra, un pediatra y un abogado. Estos profesionales constituyen una fuente importante de recursos tanto para la unidad de intervención social como para la unidad terapéutica de la familia. Por ejemplo, el psiquiatra es un recurso fundamental para diagnosticar las patologías psiquiátricas de los padres, el pediatra para manejar la hospitalización de los/as niños/as, y el abogado para coordinar los contactos del equipo de intervención con las autoridades judiciales y/o administrativas, responsables de la protección de los menores y del procesamiento de los padres.
Una de las ventajas de la existencia de equipos especializados en una sociedad es poder ofrecer recursos de coordinación al conjunto de los/as profesionales que trabajan en la red en una área. En ausencia de estos equipos especializados, la organización y coordinación de los recursos existentes requiere de mayor esfuerzo. La dificultad en esta situación es llegar a un consenso para determinar cual institución y que profesionales son los más aptos para intervenir a nivel socio judicial, quienes para ofrecer apoyo terapéutico a los diferentes miembros de la familia y quienes para ofrecer los Servicios Generales.
Otro desafío en ausencia de equipos especializados es la organización y coordinación de todas estas unidades con las estructuras administrativas y judiciales responsables localmente de la protección de los/as niños/as.
La restauración de la ley a través de la Intervención Social y/o Judicial
En nuestro modelo de intervención, distinguimos tres alternativas sobre para obtener la protección de los/as niños/as y la restauración de la ley en la familia:
A) Una intervención a través de la autoridad simbólica de los/as profesionales (médico, psicólogo, asistente social) sin participación del sistema judicial.
B) Una intervención a través de la justicialización, es decir, el señalamiento de los hechos abusivos a la justicia.
C) La creación de espacios intermediarios para la evaluación y el pronóstico de la situación.
A) La protección infantil y la restauración de la ley a través de la autoridad del Terapeuta.
La idea de desjusticializar el manejo de la situaciones del maltrato infantil, es uno de los enfoques en boga en algunos países europeos. Esta opción intenta evitar la victimización secundaria de las niños provocada por los procedimientos judiciales. Al mismo tiempo de ofrecer una alternativa de rehabilitación a los padres agresores exclusivamente a de una ayuda terapéutica. Este enfoque defiende la idea que en casos de maltrato en donde los padres no tienen como propósito dañar a sus hijos, pero no conocen otro modo de relación con ellos, es posible asegurando la confidencialidad terapéutica a los participantes del drama del maltrato de obtener cambios favorables.
En nuestro programa aplicamos esta concepción, sólo en caso que los adultos de la familia pueden asegurar la protección de los/as niños/as, evitando las recaídas y comprometiéndose al trabajo terapéutico con los miembros de nuestro equipo. En la de la situación se pone un énfasis especial en conocer el grado de plasticidad de la familia tanto en sus posibilidades de cambio de su funcionamiento, como en sus recursos para integrar la noción de la ley.
El instrumento para lograrlo es la autoridad del terapeuta, basada en su rol, en su mandato y sobre todo de su competencia.
La autoridad de un terapeuta se transforma en posibilidad de cambio, sólo si los padres abusadores reconocen la necesidad de ser ayudados. Es decir, para que esto ocurra la relación formal de autoridad debe transformarse en una relación interpersonal significativa, donde el terapeuta es reconocido, en su autoridad psicológica y en su discurso, como representante simbólico de una ley social alternativa a las leyes familiares abusivas.
Esto es posible, en nuestro modelo por ejemplo, en familias en donde los adultos se transformaron en maltratadores en un momento de crisis del sistema familiar. A pesar de los gestos violentos reconocen la ilegalidad de sus actos y están abiertos y dispuestos a recibir la ayuda necesaria para superar la situación (Barudy 1991).
Otra situación puede ser, en los casos de familias negligentes, donde los/as niños/as son abusados por carencia de cuidados más que por malos tratos. En estos casos la autoridad y el discurso del profesional puede ser reconocidos como fuerzas dinámicas (dependiendo de la voluntad y la capacidad de los padres "negligentes") para aceptar la ayuda necesaria que les permita mejorar sus competencias parentales.
B) La justicialización como necesidad terapéutica
Como ya lo hemos enunciado anteriormente, desgraciadamente existen situaciones trágicas en donde la violencia familiar y en particular los maltratos y los abusos sexuales son el resultado de un modo de vida, casi siempre transgeneracional. Lo que implica que estos gestos son la única forma que los adultos han encontrado, para estar en el mundo y reproducir su mundo.
El drama de estos adultos, radica en que están atrapados en número limitado de creencias y comportamientos que los empujan a transgredir repetitivamente las leyes fundamentales que protegen la vida y la integridad bio-sico-social de los/as niños/as.
En estos casos la autoridad y la palabra del terapeuta no es suficiente para introducir dinámicas de cambio e integración de la ley.
Es sólo la crisis, resultado de la confrontación con la autoridad del sistema judicial, en tanto poder formal legitimizado en una estructura institucional de la sociedad, que podrá restituir la legalidad social al interior de la familia abusadora.
En esta perspectiva, la articulación entre servicios terapéuticos y los servicios judiciales aparece como necesaria para asegurar con la fuerza de la ley, la protección de los/as niños/as, el enjuiciamiento de los comportamientos abusivos y abrir las posibilidades de un proceso de rehabilitación para los abusadores y maltratadores.
Para que esto sea posible el sistema judicial debe justamente hacer justicia, permitiendo el debate contradictorio entre las partes implicadas, al mismo tiempo que proteger el derecho a la defensa considerando sobre todo al niño en sus derechos y en su difícil situación de ser niño o niña y además hijo o hija de sus padres maltratadores y/o abusadores.
Esto plantea cambios profundos en la lógica judicial "adultista" tal cual se práctica en la mayoría de los países. Cada sociedad debe responder el desafío de crear instrumentos para que el niño o niña tenga un verdadero lugar en los procesos judiciales. Así, por ejemplo considerar que lo que el diga, (y no sólo lo que muestre) como pruebas a su favor. Algunas medidas ya existentes, como considerar el testimonio de los/as niños/as como prueba o la designación de un abogado para los/as niños/as, son cambios alentadores en el este sentido de una justicia más justa para los/as niños/as. Una experiencia piloto llevada a cabo desde hace dos anos por la fiscalía de Bruselas que consiste en haber incorporado psicólogos a sus servicios, quien con un policía ad-hoc recogen el testimonio de los/as niños/as maltratados y/o abusados sexualmente. Esta declaraciones son al mismo tiempo filmadas en vídeo y el adulto maltratador es interrogado a partir la confrontación con el vídeo. Esto evita a la víctima dos experiencias altamente traumáticas: la de tener que repetir varias veces su declaración y el careo con sus agresores.
En este tipo de alternativa los miembros de los equipos terapéuticos aseguran a largo plazo una ayuda terapéutica al niño y al conjunto de los miembros de la familia, abusadores incluidos. El proceso terapéutico no termina con la intervención judicial al contrario, esta crea el marco para iniciar une verdadera terapia, es decir una intervención basada en la justicia y en el respeto de los derechos de todos.
En el caso de nuestras prácticas, muchos años de trabajo clínico y de reflexión en torno al lugar de la ley en la intervención terapéutica en casos de maltratos graves y crónicos y en casos de incesto, nos han permitido gracias a la presencia de un jurista en nuestro equipo, dialogar con jueces y magistrados del sistema judicial de Bruselas. A través de esto, visualizar los puntos de intersección posibles entre lo judicial y lo terapéutico existentes ya en los procedimientos judiciales existentes.
A la hora actual, en Bruselas, la Fiscalía de menores y los jueces de menores, pueden exigir, por ejemplo, a un padre incestuoso de abandonar provisoriamente el domicilio familiar y motivar a éste y a la familia a un tratamiento terapéutico en nuestro equipo.
Por otra parte, poco a poco, los magistrados encargados de enjuiciar a los culpables, aceptan la posibilidad de la libertad condicional de los abusadores, a cambio de su participación en nuestro programa, así como medidas de remisión de pena, si existe una motivación seria de los abusadores de comprometerse en un proceso de cambio.
Los resultados alentadores de nuestras prácticas, nos convencen que una justicia aplicada justamente permite un nuevo marco de referencia para todos los implicados. En este marco los/as niños/as pueden resituar sus experiencias en un nuevo orden ético y moral, alternativo al mundo totalitario que habían conocido en sus familias. Al mismo tiempo que los abusadores tienen la oportunidad de replantearse sus concepciones abusivas, haciendo a través del diálogo terapéutico las relaciones necesarias entre sus gestos, los elementos dramáticos de su propia historia y las alternativas posibles para superar los diversos grados de determinismo histórico que los convirtieron en maltratadores y/o abusadores de sus hijos.
C) La creación de espacios Intermediarios
En un gran número de situaciones es imposible evaluar, a corto plazo, los recursos, la receptividad y la plasticidad estructural de la familia frente a la intervención social. Así mismo es difícil evaluar los riesgos y las ventajas de la justicialización, para el cambio del funcionamiento familiar, y las necesidades de los/as niños/as.
Es por esto, que utilizando nuestra autoridad fijamos a la familia, un marco que nos permita el tiempo necesario para esta evaluación. En esta óptica fijamos un programa de trabajo evaluativo con los diferentes miembros de la familia, en condiciones que aseguren la protección de los/as niños/as víctimas del maltrato mediante dos vías.
a) La separación provisoria del niño de su familia, acogiéndolo en el servicio de pediatría, en una institución especializada en la acogida de niños en situación de crisis o en un programa de acogimiento familiar.
b) Exigir el alejamiento del maltratador y/o abusador sexual del seno de familia. Esta medida es adoptada en los casos que el otro padre, o una parte de la familia ampliada (abuelos, tíos, etc.) muestren características adecuadas para garantizar el alejamiento del abusador y la protección de los/as niños/as mientras dura el proceso de evaluación.
Son los elementos recogidos en este proceso de evaluación, reflexionados en el marco de nuestro trabajo interdisciplinario que nos permite decidir por la opción de trabajar con o sin marco judicial.
Los parámetros que utilizamos para optar por la justicialización son los siguientes:
1) El grado de vulnerabilidad del niño. Esta vulnerabilidad es determinada por una parte por la poca edad del niño y por otra parte por la ausencia de alternativas de protección en la familia misma y en el entorno familiar inmediato.
2) El carácter grave y repetitivo de los gestos maltratadores, de abandono y de abuso sexual y el grado de deterioro importante en la salud del niño.
3) Una dinámica familiar altamente disfuncional, sobre todo en lo que se refiere a la integración de la ley, así como la ausencia de motivación y de cooperación con la intervención social.
4) Trastornos graves de la personalidad de los adultos responsables de los cuidados del niño, por ejemplo toxicomanía, alcoholismo, pedofília, psicosis, etc.